Con el ya característico retraso en el inicio de casi todo evento programado en Ayacucho (11:00 / 11:23 horas) se presentó hoy jueves el informe "Balance de la gestión estatal frente a
la minería informal e ilegal en el Perú 2012 - 2014. Supervisión a las
entidades de alcance nacional y regional" elaborado por la Defensoría del Pueblo y disertado por IVAN LANEGRA QUISPE y EDUARDO VEGA LUNA.
Ante
debilidades identificadas en gestión regional y nacional
DEFENSORÍA
DEL PUEBLO PLANTEA FORTALECER PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LA MINERÍA INFORMAL
Nota
de Prensa Nº247/OCII/DP/2015
MEF
debe garantizar recursos financieros a los gobiernos regionales.
Superposición
de derechos y actividades del sector dificultan formalización.
La Defensoría del
Pueblo dio cuenta esta mañana de las debilidades encontradas en el proceso de
formalización minera y recomendó fortalecer con urgencia las capacidades de las
entidades a cargo, en particular a los gobiernos regionales. Se ha planteado
dar solución a los problemas de superposición de derechos y saneamiento físico
legal, además de dar prioridad a las acciones de remediación y protección ambiental
frente a la minería ilegal.
Durante la
presentación del Informe Defensorial Nº 167: “Balance de la gestión estatal
frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú. 2012-2014 supervisión a las entidades
de alcance nacional y regional”, se informó que, a la fecha, de las 58835
declaraciones de compromisos que se encontraban vigentes se formalizaron: 16.
Al cierre del plazo del Proceso de Formalización, 19 de abril de 2014,
solo lo hicieron: 7. Los mineros beneficiados ascienden a 631.
Esta situación
respondería —entre otros motivos— a las carencias en materia de personal
especializado, logística y presupuesto en las instancias encargadas de los gobiernos
regionales. Estas son las responsables de conducir los procedimientos de la de
la pequeña minería y minería artesanal, así como su supervisión y fiscalización.
“Hemos identificado
que la supervisión administrativa de la pequeña minería y minería artesanal a
cargo del nivel regional es insuficiente. Por dicha razón, estamos recomendando
fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos regionales, así como dotarlos
de los recursos presupuestales suficientes para que puedan ejercer sus funciones
con eficacia. Además, es urgente acortar el actual déficit de supervisión”, señaló
Iván Lanegra, Adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.
El Informe N°167 señala
que, el Estado ha otorgado otros derechos, incluso superpuestos, en las áreas
en las cuales quienes están en el proceso de formalización pretenderían
desarrollar actividades mineras.
En ese contexto, la
Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) dictar las normas que faciliten la resolución de controversias o
conflictos surgidos por dicha situación, salvaguardando los derechos adquiridos,
en particular los de los pueblos indígenas. Para esto es necesario determinar
los criterios legales y técnicos, de acuerdo a la legislación vigente, atendiendo
a la realidad de cada región y coordinando con los distintos sectores involucrados.
Cabe señalar que
también se ha advertido dificultades en otras áreas, como por ejemplo la
remediación ambiental, a cargo del gobierno nacional y del nivel regional. El Plan
de Recuperación de Impactos Ambientales, instrumento a cargo del Ministerio de Energía
y Minas y del Ministerio del Ambiente, que debió aprobarse hace más de dos años, sigue
pendiente.
Lima, 19 de diciembre
del 2014.
Oficina de Prensa e Imagen
Institucional
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Finalizado el acto URIEL RAMOS ALARCON Director Regional de Energía y Minas resaltó la importancia del informe, sin embargo indicó no se ha escuchado al sector para poder conocer las causas del poco avance referido a la formalización en nuestra región.
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| Representante de la PNP , Jorge Fernández , Eduardo Vega y Uriel Ramos |
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